Designan abogada para la Oficina de Solución Alternativa de Conflictos de Sarmiento
La abogada Tamara Ileana Bernardi Pourrain es la nueva responsable de la Oficina de Solución Alternativa de Conflictos (SAC) de la circunscripción judicial de Sarmiento. La designación se enmarca en la propuesta del procurador general, Jorge Miquelarena, para reimpulsar el uso de las herramientas judiciales contempladas en la solución alternativa de conflictos.
La profesional es oriunda de Adrogué, Buenos Aires, y desarrolló su experiencia laboral en un juzgado correccional de Quilmes. Según se informó desde la Fiscalía de Sarmiento, la flamante titular del SAC atenderá en el edificio ubicado sobre la calle 28 de Julio 430, en horarios de 8 a 12 y por la tarde de 17 a 19. Las consultas telefónicas pueden realizarse llamando al 4898327.
El objetivo de estos mecanismos judiciales es el de encontrar y proponer soluciones a los conflictos a través de la mediación, conciliación y otros modos alternativos, promoviendo la comunicación directa entre las partes para la solución extrajudicial de dichas controversias.
La aplicación de soluciones alternativas está incluida en lo que se denomina “justicia restaurativa”, como una norma más nueva y evolucionada de ver el proceso penal en relación a la tradicional justicia punitiva.
En la conciliación, el ofendido y el ofensor se someten de manera voluntaria en procura de una solución del conflicto y del restablecimiento de las relaciones humanas.
Para ejemplificar, se explicó que una persona que hubiere sufrido lesiones a raíz de una agresión seguramente estará mucho más interesada en recibir un pedido de disculpas y la promesa de que eso no va a volver a pasar, que en participar de un proceso penal tradicional con declaraciones e imputaciones, que en el mejor de los casos termine con una condena en suspenso para el agresor y la incertidumbre de la víctima respecto de lo que va a pasar cuando se encuentre nuevamente con aquel.
La “conciliación” engloba desde un pedido de disculpas a un compromiso de no agresión, procurando la paz social, siempre buscando satisfacer el interés de la víctima.
Por su parte la “reparación” implica reparar el daño que pueda haberse generado, que van desde un daño material, devolución del dinero robado, hasta hacerse cargo de los gastos médicos que tuvo la víctima como producto de una lesión.
En el caso de delitos contra la administración pública se propone reparar mediante la compra de elementos que necesite alguna institución pública del lugar, como puede ser necesidades de un hospital, escuela o comisaría.
Por último, es importante destacar que en los casos de reiteración delictiva esta alternativa no es aplicable.
Fuente: Diario Patagonico
